De razones y pasiones

Rafael Pérez Cárdenas

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Los nueve años y 58 mil pesos que a todos encabronaron

A la fecha, nadie sabe a ciencia cierta –vaya, ni el propio Javier Duarte-, de cuánto fue el desfalco a Veracruz y la cantidad de propiedades que a través de prestanombres forman parte de su inmenso patrimonio. Tal vez por ello, la sentencia dictada ayer en contra del ex gobernador de Veracruz, consistente en nueve años de prisión y una multa de 58 mil pesos, parece más una decisión política que una disposición judicial. El encabronamiento ha sido total, del tamaño del desprestigio del gobierno federal.
viernes, 28 de septiembre de 2018
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A la fecha, nadie sabe a ciencia cierta -vaya, ni el propio Javier Duarte-, de cuánto fue el desfalco a Veracruz y la cantidad de propiedades que a través de prestanombres forman parte de su inmenso patrimonio.

Tal vez por ello, la sentencia dictada ayer en contra del ex gobernador de Veracruz, consistente en nueve años de prisión y una multa de 58 mil pesos, parece más una decisión política que una disposición judicial.

El encabronamiento ha sido total, del tamaño del desprestigio del gobierno federal.

En realidad, lo que hizo Javier Duarte es bastante común en los países que tienen siglos con un sistema de justicia adversarial, como sucede en Estados Unidos; la posibilidad de declararse culpable como parte de un proceso judicial para negociar una menor pena privativa de la libertad es algo que vemos todos los días.

Pero aquí es diferente: la percepción de que la justicia sigue siendo una potestad del poder del gobernante -lo mismo a nivel federal que en el estado-, traduce esta sentencia en un segundo agravio en contra de los veracruzanos.



Según las reseñas de los medios de ayer, luego de que Javier Duarte pactó declararse culpable de los delitos por los que se le acusaba -los cuales incluso fueron modificados hace algunas semanas por la PGR ante la falta de pruebas-, el fiscal ni siquiera solicitó la reparación del daño, es decir, que devolviera lo que se llevó por lo cual se declaró culpable; una vez que cumpla el castigo, el inculpado podrá irse a cualquiera de sus decenas de casas -sólo le van a decomisar 41- y no tendrá que volverse a preocupar por nada.

En una audiencia, que se extendió por cinco horas, tanto Procuraduría General de la República como la defensa del ex gobernador, acordaron poner fin al litigio mediante el llamado procedimiento abreviado.

La sentencia establece que Javier Duarte permanecerá en la cárcel hasta 2026, ya que fue detenido el 15 de abril del año pasado, por lo que desde ese momento comenzó el conteo de su permanencia en la prisión; sin embargo, la buena conducta y otras prerrogativas podrían llevarlo a casa incluso antes de que López Obrador concluya su gobierno.

Pero, ¿de qué se declaró culpable Javier Duarte? De los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero, pues- y asociación delictuosa.

Debido a que hubo una reconfiguración del delito del que se acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, con el nuevo sistema de justicia penal se aplicó la figura de juicio abreviado que se utiliza solo en delitos no graves.

Los fiscales de la PGR y del SAT detallaron al juez las 82 pruebas contenidas en la carpeta de investigación para demostrar que Duarte desvío más de mil 670 millones de pesos de las arcas de Veracruz durante su mandato.

La benevolencia de la PGR no tuvo límites: durante la audiencia no pidió su traslado a un reclusorio federal por lo que continuará en el reclusorio norte; y lo peor, tampoco pidió la reparación del daño, es decir todo lo que le hizo el ex gobernador al estado de Veracruz quedará en absoluta impunidad.



¿Qué viene para Javier Duarte? Purgar una condena de siete años y medio en el reclusorio preventivo norte; después de ello, podrá gozar de los más de mil 600 millones de pesos que él mismo aceptó que se llevó de las arcas veracruzanas.

Bueno, habrá que restarle los 58 mil pesotes que habrá de pagar como multa.

Con razón o sin ella, casos como el de Javier Duarte lastiman la eficaz implementación del nuevo sistema de justicia penal. Pasar siete años de prisión a cambio de gozar una fortuna de miles de millones de pesos -la cantidad mencionada es apenas lo que la PGR logró encontrar-, no representa justicia para nadie, incluso ni para quien cometió tales actos de corrupción; la impunidad es la percepción que prevalece.

Javier Duarte negoció una sentencia mínima; quienes operaron los desvíos y se llevaron el dinero de Veracruz también negociaron para que no fueran enjuiciados.

Todo ha sido una negociación muy exitosa en agravio de los veracruzanos. Pero así es el nuevo sistema de justicia penal.

El presidente electo ha sido que no ejercerá justicia -algo muy distinto a la persecución política- en contra de ningún malandrín del pasado, lo que explicaría su estruendoso silencio a la decisión del juez en el caso Duarte.

Peña Nieto también cumplió su parte.

Y falta ver lo peor.

Las del estribo...

  1. Este miércoles, José Luis Salas Torres volvió a las aulas de la Facultad de Derecho -a invitación del doctor Armando Pacheco- para platicar de su experiencia como dirigente del movimiento estudiantil del 68 aquí en Xalapa. Habló de los afanes del gobierno de Fernando López Arias por hacer sentir el rigor del tolete a los manifestantes y recordó que 60 de los 65 estudiantes detenidos en aquel verano eran estudiantes de la Facultad de Derecho. Al ex funcionario público los aplausos lo tomaron por sorpresa.

  2. Movilizar a la Fiscalía General del Estado (FGE) para rescatar a una mascota es verdaderamente desproporcionado en un estado que tiene a miles de personas desaparecidas y a sus familiares en un vía crucis tratando que dar con su paradero. Tanto el Coordinador de Comunicación Social como el Fiscal mostraron su impericia y frivolidad; otra vez fuimos escándalo nacional. ¡Pa'vergüenzas!

 

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