0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
Quedan impunes sobornos en México: NYT

El Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de América Latina, pero se está rehusando a presentar cargos
lunes, 11 de junio de 2018
Por: Agencias
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
El Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de América Latina, pero se está rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al partido gobernante previo a las elecciones presidenciales, revelaron tres personas con conocimiento directo del caso.

El escándalo involucra al coloso brasileño de la construcción, Odebrecht, que admiti´p pagar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales en una docena de países.

Las consecuencias de las investigaciones han tocado a casi todo país donde operaba la compañía, con presidentes destituidos, funcionarios arrestados y la política nacional trastocada desde Perú hasta Panamá.

Sin embargo, han habido dos excepciones notables: Venezuela, un paria internacional con un Gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos investigaciones federales separadas.

Los casos penales yacen atrapados en un limbo legal común para las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos al incipiente estado de derecho del País.

Los escándalos de corrupción han asolado al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto prácticamente desde el momento en que ocupó el cargo.

Su esposa adquirió una residencia construida a su gusto de un contratista del Gobierno bajo condiciones favorables, lo que dio inicio a la caída de sus índices de popularidad.

Surgieron más escándalos, incluyendo la desaparición misteriosa de 43 estudiantes normalistas, el uso de herramientas sofisticadas de espionaje compradas por el Gobierno para monitorear a periodistas y abogados de derechos humanos, y acusaciones de que altos funcionarios desviaron fondos públicos para pagar campañas electorales del PRI.

La falta de avances en el caso Odebrecht ha sido un punto sensible en México desde finales del 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañía reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

Una de las investigaciones mexicanas -iniciada por un fiscal especial y que generó documentos revisados por The New York Times- identificó a un allegado cercano a Peña Nieto como sospechoso.

Sin embargo, la investigación apenas iba iniciando cuando el entonces fiscal fue despedido por el Gobierno, en octubre.

Desde entonces, el caso ha tenido pocos avances, con incluso solicitudes de información básica tardando meses, de acuerdo con otras dos personas que han revisado los expedientes más recientes del caso.

Sin embargo, la investigación más fuerte en México, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General, acumuló evidencia suficiente hace meses para acusar a sospechosos, de acuerdo con tres fuentes quienes han revisado el caso o han sido informadas sobre el mismo.

No obstante, las presiones políticas son demasiado fuertes para que avance el caso, aseguran.

Los sospechosos trabajaban para Petróleos Mexicanos. En su arreglo extrajudicial con otros países, Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios en la compañía petrolera mexicana.

Y el ex Procurador Raúl Cervantes, quien supervisó personalmente el caso estando al frente de la dependencia, incluso viajó a Brasil para hablar sobre la evidencia que las autoridades habían recabado allí.

La decisión de Cervantes de adoptar un papel tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro de la PGR y mucho más allá.

Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no sería pasado por alto. Otros temían que ya que el Procurador es nombrado por el Presidente, su independencia quedaría comprometida.

La Procuraduría General no respondió a varias solicitudes de comentarios.

Nada ha sucedido en México, al menos no a funcionarios mexicanos, pero, la nación aplicó una sanción administrativa contra Odebrecht, prohibiéndole operar en el País durante varios años.

Sin embargo, ningún funcionario mexicano ha sido acusado de aceptar sobornos, y Cervantes, quien dejó el puesto en septiembre, ha dicho públicamente que había concluido la investigación.

Desde entonces, su sucesor, Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, lo contradijo, afirmando que el caso está en curso, por lo que no puede dar detalles de lo que se ha encontrado.

En realidad, el caso fue archivado, señalaron las tres personas enteradas de la cuestión. Ya de por sí padeciendo múltiples escándalos de corrupción y una violencia creciente a nivel nacional, el gobernante Partido Revolucionario Institucional no puede arriesgarse a que surja otro escándalo antes de las elecciones presidenciales en julio, apuntaron las fuentes.

Aunque retrasar o detener los procesos también podría dañar la reputación del partido en el poder, el cálculo tiene sentido, afirman varios críticos: a final de cuentas, la indignación por cualquier encubrimiento podría perjudicar menos al partido que poner al descubierto más corrupción en un juicio.

"Este escándalo va más allá de afectar la reputación del Presidente, que ya está dañada", comentó Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del País, que ha sido consagrado en la Constitución.

"No acusar a nadie en este caso trata sobre el futuro del partido.

"Con otro escándalo como éste, se podría venir abajo toda la maquinaria política y su financiamiento", agregó. "Esto es más grande que sólo las elecciones, trata sobre la supervivencia del propio partido".

La investigación ha confirmado en gran medida lo que ya se conoce, de acuerdo con las personas que han revisado los documentos: que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura.

Una parte de los contratos, del pago de sobornos y de las transferencias de dinero reveladas por el Gobierno brasileño y organizaciones noticiosas mexicanas han sido corroboradas en los expedientes del caso.

Sin embargo, los investigadores mexicanos no extendieron considerablemente su pesquisa para buscar contratos o pagos que podrían haber pasado desapercibidos a las autoridades brasileñas, de acuerdo con las fuentes con conocimiento del caso.

Desde que se empezaron a filtrar detalles sobre el papel de México en el escándalo de Odebrecht, en el 2016, la información se ha centrado en Emilio Lozoya Austin, uno de los principales allegados y aliados más cercanos del Presidente.

Lozoya fue un miembro del equipo de campaña del Presidente en el 2012, y después fue nombrado director de Pemex, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia.

Lozoya ha negado cualquier acción indebida, y su abogado indica que no hay evidencia sólida de que aceptó sobornos.

En un principio, Lozoya no fue nombrado en los documentos. En diciembre del 2016, como parte del arreglo extrajudicial de 3.5 mil millones de dólares con autoridades suizas, brasileñas y estadounidenses, ejecutivos de Odebrecht admitieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre el 2010 y el 2014, sin especificar nombres.

Esa revelación desató una tormenta en México. Respondiendo a la presión pública, el Gobierno mexicano inició una investigación en enero del 2017.

Mientras Cervantes, el ex Procurador, trabajaba discretamente tras bambalinas, las organizaciones noticiosas de México y un grupo anticorrupción, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fueron agresivamente en pos de la pista.

Primero, obtuvieron un documento legal en Brasil en el que un alto ejecutivo de Odebrecht afirma que Lozoya pidió que se le pagara un soborno de 5 millones de dólares en el 2014.

Luego, otro medio obtuvo un testimonio en el tribunal de tres altos funcionarios de Odebrecht señalando que Lozoya, de hecho, había recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Los funcionarios testificaron que se habían reunido con Lozoya en numerosas ocasiones en México para facilitar el arreglo. Durante esas reuniones, de acuerdo con testimonio del jefe de la oficina de Odebrecht en México, Lozoya le entregó un nombre y un número de cuenta donde se podía depositar el dinero.

En el 2012, cuando Peña Nieto contendía por la Presidencia, Odebrecht hizo pagos a cuentas en las Islas Vírgenes Británicas que les dio Lozoya por un total de más de 3.1 millones de dólares, de acuerdo con testimonio de ejecutivos de la compañía.

En ese entonces, Lozoya era el coordinador internacional para la campaña y ejercía una influencia considerable en el candidato. Los funcionarios de Odebrecht, en su testimonio jurado, explicaron que el pago se hizo con la intención de granjearse la buena voluntad de Peña Nieto, quien lideraba los sondeos y se perfilaba a ser el próximo Presidente.

Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, negó vehementemente cualquier delito por parte de su cliente, tal como ha hecho el mismo Lozoya desde que estalló el escándalo.

Coello, quien ha tenido acceso al expediente principal del Gobierno, dijo que no había ni una sola pieza de evidencia contundente que conectara a Lozoya con el dinero, o que corroborara el testimonio de ejecutivos de Odebrecht.

"Estos relatos no tienen ninguna conexión con mi cliente", dijo.

Los fiscales mexicanos podrían tener un caso todavía más sólido, con más evidencia de las autoridades brasileñas, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso.

Pero a diferencia de la mayoría de las naciones afectadas por el escándalo, México rechazó la petición de Brasil de no procesar a Odebrecht o a sus ejecutivos, lo que potencialmente atemorizó a testigos y evitó que rindieran testimonio completo, dijeron las personas.

También podría haber más sobornos de los que se reconoció en un principio. Documentos y registros de transferencias bancarias dados a conocer en los medios mexicanos sugieren que los sobornos pagados a funcionarios mexicanos podrían haber alcanzado los 16 millones de dólares, una cifra mucho mayor de lo que estipuló la compañía en su testimonio para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al tiempo que surgían más revelaciones sobre el caso en los medios mexicanos, Santiago Nieto, quien era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), decidió abrir su propia investigación federal en agosto.

El enfoque era evaluar si los fondos que presuntamente habían sido solicitados por Lozoya fueron usados para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.

Pero el caso se vio rápidamente obstaculizado por la burocracia y por pleitos con los abogados de Lozoya. De hecho, la Procuraduría General de la República en ocasiones parecía decidida a postergar el avance de la investigación, de acuerdo con Nieto y con un análisis del expediente, obtenido por The New York Times.

En una solicitud, la oficina de Nieto pidió recuperar información de cuentas bancarias en Brasil, Islas Vírgenes y Suiza, en un esfuerzo para corroborar las transferencias de dinero que habían sido reportadas en los medios noticiosos.

La solicitud fue presentada en octubre, ante un departamento interno de la PGR, que tenía que aprobarla.

Algunos días después, Nieto fue destituido. Afirma que su despido tuvo una motivación política, debido a que planeaba investigar a aliados del Presidente y el uso potencial de fondos ilícitos en su campaña.

El Gobierno lo negó, al decir que Nieto cruzó una línea ética al hablar de una investigación en curso cuando dio un entrevista sobre el tema unos días antes.

Desde la salida de Nieto, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso, la investigación prácticamente se ha paralizado. Más de siete meses después, su solicitud para obtener información sobre cuentas bancarias continúa languideciendo en la PGR, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso.

"El escándalo de Odebrecht se ha convertido en una especie de prueba de fuego de rendición de cuentas para los países a los que mancilló", dijo el Senador Patrick J. Leahy, demócrata por Vermont, quien desde hace mucho tiempo ha criticado el sistema judicial de México.

"México está el día de hoy en medio de una intensa campaña presidencial. Esta es la oportunidad del Gobierno de Peña Nieto para mostrar que nadie está por encima de la ley".

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion