De razones y pasiones

Rafael Pérez Cárdenas

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Del Comisionado Federal de Seguridad y otras tonterías (II)

En la charla del viernes, dimos cuenta de las veces que el actual Gobernador pidió la intervención del gobierno federal para que nombrara a un Comisionado de Seguridad que se hiciera cargo de estas tareas en Veracruz.
lunes, 4 de diciembre de 2017
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En la charla del viernes, dimos cuenta de las veces que el actual Gobernador pidió la intervención del gobierno federal para que nombrara a un Comisionado de Seguridad que se hiciera cargo de estas tareas en Veracruz.

Y aunque hoy lo niegue, el tiempo le ha dado la razón. Por supuesto, pesan más las intenciones que los hechos. En aquéllos días, Miguel Ángel Yunes era un feroz critico de Javier Duarte y no reparaba en hacer cualquier clase de acusaciones, aunque estas terminaran por alcanzarlo.

Siempre se vio a sí mismo como opositor y nunca como gobierno.



Las cifras hoy son mucho más graves que cuando él planteó esta posibilidad, así que tachar de tonterías la solicitud que han hecho Héctor Yunes y Rocío Nahle es un acto de arrogancia.

Acaso en su comparecencia en el Congreso, de forma simulada y balbuceante, hemos escuchado aceptar que en algo se equivocó: en la seguridad.

Hasta ahora, la única referencia que tenemos de un Comisionado Federal de Seguridad es el que se nombró en Michoacán, Alfredo Castillo, en los tiempos del imperio de la Tuta y los Caballeros Templarios.

En ese entonces, Michoacán era un verdadero infierno, donde el gobernador -a través de su familia- era capaz de sentarse a dialogar con los grupos de delincuencia organizada.

Había un gobierno paralelo que imponía autoridades estatales, municipales y hasta policías.

Y aunque las comparaciones son odiosas, a veces son necesarias para dar contexto a lo que pasa en nuestro rededor. ¿Realmente Veracruz está como estaba Michoacán en aquéllos años? ¿Se justifica la solicitud de un Comisionado? A la luz de los números, caprichosos y sugerentes, cada quien puede sacar sus propias conclusiones.

El nombramiento de Alfredo Castillo se había dado el 15 de enero de 2014, luego de que el año anterior, Michoacán había presentado cifras nunca antes vistas en incidencia delictiva, aun cuando se presumía de la presencia de un solo cártel.

En 2013, aquél estado registró un total de 33 mil delitos, entre ellos, 902 homicidios dolosos, 261 extorsiones y 194 secuestros.



La primera coincidencia es que Veracruz habrá de alcanzar una cifra récord en prácticamente todos los delitos del fuero común.

De mantenerse el promedio mensual registrado hasta el mes de septiembre, el año podría concluir con el registro de más de 51 mil delitos, entre ellos, más de 1 mil 650 homicidios, 465 extorsiones y 180 secuestros.

Todas estas cifras están por encima de la media nacional.

Pero no faltará quien asegure que se trata de universos de población distintos. Que el problema de la inseguridad es un tema demográfico y no de estrategia.

Es posible, pero a la luz de los números, la tesis se sostiene.

Así, mientras que el estado de Michoacán tiene una población que ronda los 4.3 millones de habitantes, en Veracruz vivimos poco más de 7.6 millones de personas, según las cifras del Inegi.

Nuestro estado tiene una población casi 56 por ciento mayor que Michoacán, un porcentaje muy similar a la diferencia entre los delitos cometidos en una y otra entidad en los periodos señalados.

Hoy en Veracruz vivimos una situación tan grave como la vivió Michoacán en 2013, sin embargo, la politización del tema de la seguridad por parte del Gobernador hace evidente que no se trata sólo de incidencia delictiva sino de mantener a buen resguardo la plaza en un acto electoral en el que pretende imponer a su hijo, primero como candidato y luego como gobernador.

La figura del Comisionado Federal de Seguridad no es contraria a la ley ni vulnera la autonomía de nuestra entidad federativa. Aunque si pondría en evidencia la debilidad institucional del gobernador de Veracruz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia del Pleno, identificada como P./J. 36/2000 determinó que "es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública".

Además, en la tesis de jurisprudencia identificada como P./J. 38/2000 el Pleno de la Suprema Corte señaló que "La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen".

Y ahí está la clave. Para que la figura exista, se requiere que medie una solicitud por parte del estado que está en una situación de crisis.

En el caso de Veracruz, nadie dudaría que el propio mandatario estatal prendiera fuego a las instituciones antes de aceptar lo que él mismo ha propuesto.

Hay cosas que el Gobernador no quiere que se sepan. Tampoco quiere un poder que le haga contrapesos en un momento crucial en el que necesita de toda la exigua fuerza de su gobierno.

Miguel Ángel Yunes no quiere injerencias que pongan en riesgo su gobierno y su herencia.

Las del estribo...

  1. La mañana de este lunes, el senador Héctor Yunes Landa ofrece conferencia de prensa en Xalapa. El tema viene calientito; al parecer el uso y destino de los recursos públicos federales siguen siendo un misterio y su ejercicio fuera de toda norma. Tampoco se cumple con las obligaciones pactadas. Muchas prácticas del pasado siguen siendo las mismas; ¿para qué cambiarlas si dejan tanto dinero a quien las realiza?

  2. Y ya que hablamos de fondos federales, resulta que nadie ha dicho que el Foro Boca -el mismo que mereció una inserción pagada en el prestigiado diario The New York Times-, se hizo gracias a la gestión del alcalde de Boca del Río, sin embargo, los recursos fueron aportados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como su papá, el joven aspirante a gobernador también supervisa y presume las obras del gobierno federal.

 

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