Rafael Arias Hernández

MUTATIS MUTANDIS

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Hacia mayor crisis financiera, con más de lo mismo

A 610 días, del prometido rescate de Veracruz; de hacer realidad lo ofrecido en campaña; y de resolver la emergencia financiera gubernamental. Urgen transparencia y estrategia de administración y finanzas que, en principio, expliquen situación y perspectivas, unifiquen y orienten todos los esfuerzos, e impulsen y fortalezcan la participación ciudadana y social.
lunes, 3 de abril de 2017
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A 610 días, del prometido rescate de Veracruz; de hacer realidad lo ofrecido en campaña; y de resolver la emergencia financiera gubernamental.

Urgen transparencia y estrategia de administración y finanzas que, en principio, expliquen situación y perspectivas, unifiquen y orienten todos los esfuerzos, e impulsen y fortalezcan la participación ciudadana y social.



Primero, diagnosticar y encontrar la enfermedad, para luego seleccionar el remedio. No al revés; y menos simular o hacerlo en forma improvisada, con ocurrencias y a conveniencia.

Insistir y preguntar ¿Cuál es el monto total-total de la deuda pública del gobierno del Estado de Veracruz? ¿Imposición deliberada de la omisión de la verdad o simple negligencia e incapacidad? ¿En dónde están los miles de millones de pesos desaparecidos?

Tiempo de confrontar dicho y hecho.

¿En verdad se ajustó el presupuesto o solo se gana tiempo, para írsela llevando? ¿Qué hay de la estrategia financiera completa, para enfrentar la crisis que se padece y crece?



Importante comparar lo ahora mostrado, con la casi igual presentación que acompaño a la inusual solicitud de aplazamiento presupuestal.

Ahora resulta, que no hay más allá de insignificantes reducciones de déficits y ajustitos; se legaliza parte de la "licuadora", al centralizar el manejo de los organismos públicos ¿descentralizados?; sigue el debilitamientos de dependencias, el IPE entrampado, a la Universidad se da atole con el dedo y persiste una clara opacidad en temas clave, para la atención impostergable de la emergencia financiera, que llegó para quedarse; y que, mucho se teme, pronto tendrá alcances destructivos mayores.

Alerta de crisis de pagos

En el contexto nacional, el Banco de México aumenta la tasa de interés a 6.50 % y puede llegar a mayores niveles. Al mismo tiempo, crece la deuda pública federal, hasta alcanzar casi diez billones de pesos.

Los gobiernos padecen y padecerán fuertes presiones financieras, avivadas por un contexto internacional adverso.

A su vez, Veracruz sigue en mucho ruido, poca efectividad, y falta de una estrategia clara y consistente; eso sí, es notoria la persistencia del más de lo mismo, de gastar más y endeudarse más.

No hay transparencia, ni registro público de todos los tipos de deuda gubernamental, con sus principales detalles, acreedores, montos, condiciones, tasas de interés, plazos, tipos de garantía y fuente de pagos.

Ante esto y más, por su importancia destaca la alerta que asegura, se está llegando, "a un paso del incumplimiento de pagos".

La oportuna nota de Jair García consigna que:

"Finalmente el gobierno de Veracruz alcanzó una evaluación financiera negativa, luego de que la empresa calificadora de riesgos Fitch Ratings le asignó "BB-(mex)", con el que estaría a un sólo paso de que su certeza de pago de sus deudas sea del 100 por ciento de incumplimiento, de acuerdo a la tabla de estimaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)".

( LaJornadaVeracruz.310317)

En gran parte, por ignorar normas y acuerdos, algunos contraídos desde los financiamientos de la pasadas reestructuraciones. Y sobre todo, por no controlar el pasivo circulante e incluso incrementarlo; en particular, de un crédito, con el Banco Multiva, por un monto original de mil 338 millones de pesos.

Además, según Fitch otras dos acciones en marcha destacan.

Primero, dar seguimiento para corroborar puntual observancia de compromisos, así como de "las obligaciones de hacer y no hacer" que no están en cumplimiento y que pudieran tornarse en eventos de aceleración y activar acciones de vencimiento anticipado.

Y segundo, analizar el destino de los recursos de los créditos, que supuestamente eran para realizar inversiones públicas productivas autorizadas, en términos de las leyes de ingresos y de las Constituciones federal y estatal.

¿Pruebas de ineficientes y delincuentes?

Por cierto. ¿Hay un crédito obtenido a 14.48 % de interés?

 

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